La Inspección de Trabajo investiga la posible “vulneración de la legislación laboral” de una oferta de trabajo relacionada con la gestación subrogada, una práctica comúnmente conocida como vientres de alquiler. La Red Española contra los Vientres de Alquiler, una organización integrada por 25 asociaciones feminista, ha denunciado ante este organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y ante el Instituto de la Mujer una oferta publicada en redes para encontrar un director de proyecto para “apertura e implantación de un servicio de maternidad subrogada” en Madrid.

La gestación subrogada (que supone que una mujer gesta a un hijo cuya maternidad y paternidad cede a otras personas) es una práctica que no está legalizada en España, aunque hay casi 1.000 niños registrados en el país con esta práctica desde 2010. El Comité de Bioética, dependiente del Ministerio de Sanidad, pidió en 2017 la prohibición a nivel internacional de contratos de gestación subrogada “en garantía de la dignidad de la mujer y del niño”.

La oferta de trabajo, publicada en cuatro portales de empleo según la denuncia, sería para integrar a un trabajador en la oficina en Madrid de un despacho de abogados del que no precisa nombre. Entre sus funciones, estaría la colaboración con los “actores involucrados”. Entre ellos, clínicas, coordinadores en los países donde está permitida la gestación o los servicios de alojamiento y transporte a las familias. También tendría como misión establecer campañas publicitarias o el establecimiento de protocolo de actuación “desde la fase inicial hasta la legalización en España de la paternidad”.

La red feminista reclama en su denuncia que se ordene la retirada “inmediata” de este anuncio  y que se prohíban otros anuncios similares, además de solicitar que se publicite que se trata de una “ilegalidad” y que se conozcan los datos del despacho de abogados “que promovió la oferta”.

“Menoscabo a los derechos humanos”

La nueva directora del Instituto de la Mujer, Silvia Buabent, se ha pronunciado al respecto. Aunque asegura que “no corresponde” al instituto prohibir o no el fomento del alquiler de vientres, si considera de su competencia “posicionarse en contra de cualquier actividad que suponga un menoscabo a los derechos humanos de las mujeres y el alquiler de vientres lo es”, señala en unas declaraciones remitidas por su equipo a este periódico. “En este sentido, decir que la utilización del cuerpo de las mujeres como mera herramienta para cumplir el deseo, que no el derecho, de terceras personas, supone, en la práctica, la compraventa de niños y niñas y, la vulneración de los derechos de la madre y los menores”.

Su respuesta va en la misma línea que las últimas declaraciones efectuadas por la número dos del Gobierno sobre este asunto. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, defendió recientemente en una comparecencia en el Congreso que “la gestación subrogada debe prohibirse y no se debe legislar sobre ella”. Era la respuesta a una pregunta de Ciudadanos, que presentó una propuesta regular esta práctica.