Cae una red que falsificaba recetas de fármacos de reproducción 'in vitro'
La Guardia Civil ha detenido a cinco personas, dos en Barcelona (la responsable de la farmacia y el trabajador del CAP), dos en Sevilla (presuntos distribuidores de los medicamentos) y una en Palma de Mallorca (responsable de la clínica de reproducción asistida) por pertenecer a una red que presuntamente habría falsificado recetas médicas de jubilados para obtener fármacos usados en tratamientos de reproducción ‘in vitro’.
Estos medicamentos eran ofertados a mitad de su precio real para su venta y distribución por toda España. A todos ellos se les imputa la presunta comisión de los delitos de robo con fuerza, falsificación de documentos, revelación de secretos, estafa, contra la salud pública y pertenecía a organización criminal.
Los agentes han intervenido 450 recetas falsificadas que ya habían sido utilizadas, con las que se han dispensado 775 envases. Han sido decomisadas otras 200, también falsificadas y sin utilizar, lo que ha evitado la puesta en el mercado ilegal de más medicamentos de este tipo. La estafa a la Seguridad Social se estima en unos 230.000 euros.
Una farmacia en Barcelona dispensaba grandes cantidades de estos medicamentos
El pasado mes de abril responsables de la Subdirección General de Evaluación e Inspecciones Sanitarias y Farmacéuticas, dependientes de la Dirección General de Ordenación Profesional y Regulación Sanitaria del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, interpusieron una denuncia ante la Guardia Civil al haber detectado que una farmacia de la zona metropolitana de Barcelona se estaba dispensando una gran cantidad de medicación relacionada con tratamientos para la reproducción asistida, mediante la presentación de recetas para personas jubiladas, por lo tanto, plenamente subvencionadas.
Las primeras indagaciones de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, encargada de la investigación, indicaban que estos medicamentos eran remitidos a una localidad de la periferia de Sevilla, desde donde eran vendidos a cualquier punto de España, aunque muchos de ellos eran remitidos a una clínica de reproducción asistida de Palma de Mallorca.
El responsable de la clínica, además de comprar medicamentos a un precio muy inferior al real, también facilitaba el contacto directo entre sus clientes y el ‘proveedor’ ubicado en Sevilla. La oferta de los medicamentos se realizaba desde una página web a precios ostensiblemente más bajos que el valor real del producto.
Robo de recetas
Las recetas médicas destinadas a personas jubiladas que se usaban para obtener los fármacos eran robadas en un Centro de Asistencia Primaria (CAP) de la provincia de Barcelona por un trabajador con funciones de limpieza de las instalaciones y que también se hacía con otros elementos necesarios: pegatinas de pacientes, pegatinas de validación del producto por el inspector médico y sellos de doctores.
Tras falsificar las recetas se presentaban en una única farmacia de Barcelona donde eran dispensados los medicamentos que luego, utilizando diversas empresas de transporte, eran remitidos a una población de la provincia de Sevilla, desde donde se producía la oferta, venta y distribución.
Estos productos tienen un coste en el mercado legal que ronda los 300 euros por caja de medicamento, por lo que un tratamiento de este tipo puede alcanzar los 2.000 euros. Fruto de la maquinaria orquestada por los detenidos, las personas que adquirían los fármacos que ofertaban por Internet podían reducir en la mitad el precio del tratamiento completo.
Conservación inadecuada
A los detenidos también se les ha imputado la presunta comisión de un delito contra la salud pública, dado que para el transporte y conservación de este tipo de medicamentos son imprescindibles unas condiciones especiales (baja temperatura, determinada humedad, etc). Estos requisitos no eran tenidos en cuenta en el transporte de los medicamentos que, además, deberían haber sido administrados bajo supervisión médica.
Los investigadores trabajan actualmente en tratar de localizar a los compradores (unas 200 personas) para comprobar si algún usuario de estos tratamientos hubiera podido sufrir algún tipo de malestar físico relacionado con la ingesta de estos medicamentos recibidos sin las garantías sanitarias adecuadas.
