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Jueves, 1/11/2007

Una nueva ley impedirá adoptar menores en países inestables
El Congreso aprueba una norma que refuerza la prevención del tráfico de niños – Los hijos podrán saber a los 18 años la identidad de sus padres biológicos
INMACULADA DE LA FUENTE – Madrid – 01/11/2007

Las familias que se planteen adoptar niños en el extranjero a partir del próximo año no podrán hacerlo en países en conflicto o inestables, y al llegar los adoptados a la mayoría de edad tendrán derecho a conocer la identidad de sus padres biológicos. Son algunas de las medidas que recoge el proyecto de Ley de Adopción Internacional al que dio ayer luz verde el Congreso de los Diputados.

Libre de trabas paralizantes -CiU y Esquerra de Cataluña retiraron sus enmiendas a la totalidad-, el texto pasará directamente a Comisión y se tramitará por el procedimiento de urgencia. Su aprobación definitiva está prevista para finales de año.

Con esta ley será prácticamente imposible que ningún grupo o personas logren traerse niños de otro país alegando razones humanitarias, como supuestamente ha podido ocurrir en Chad. En realidad, en España no es posible hoy que niños que vienen en acogida y de modo temporal (de vacaciones, para estudiar o tratarse enfermedades) sean adoptados legalmente, ya que el acogimiento y la adopción son vías distintas. Aún así, la nueva ley garantizará aún más que los menores no sean objeto de tráfico. Además de prohibir que se prohíjen niños en países inmersos en guerras o catástrofes naturales, ya que exigirá que “una autoridad” u organismo específico controle las adopciones en el Estado del que proceda el menor.

Peso jurídico
Se trata de una norma elaborada a tres manos (Trabajo y Asuntos Sociales, Justicia y Asuntos Exteriores). El peso jurídico es notable: varios artículos se centran en el Derecho Internacional Privado, a fin de clarificar la normativa internacional que debe aplicarse tanto en la adopción de extranjeros por españoles como en el supuesto contrario.

Se quiere hilar fino para que no se repitan situaciones equívocas como las que sufrieron en el verano de 2006 diversas familias españolas que fueron a recoger a sus hijos en la República del Congo y se dieron de bruces con inesperados escollos diplomáticos. La embajada española en la República Democrática del Congo negó los visados a los niños al observar irregularidades.

La ley endurecerá además estas exigencias para desterrar cualquier tentación de saltarse pasos o apalabrar niños en países vulnerables. Pero este rigor tendrá un efecto colateral: dificultará la adopción plena de niños de procedencia musulmana. Hasta ahora, y puesto que el Corán no acepta la figura de la adopción, los niños venían a España en acogimiento y con el consentimiento de padres y tutores y posteriormente, cuando el pequeño estaba integrado, se formalizaba la adopción plena. De momento, el proyecto de ley descarta esa vía.

La parte social aborda el funcionamiento de las instituciones públicas, en especial el papel de las comunidades autónomas, que tienen transferidas competencias en este campo. Otra pieza clave es la actuación de las ECAI, entidades mediadoras de carácter privado y sin ánimo de lucro, acreditadas por la Administració n: su profesionalidad y ética son esenciales para que las familias finalicen con éxito la adopción.

Por el contrario, sus deficiencias e irregularidades pueden poner en la picota el sistema o incluso provocar que el país de origen suspenda futuras adopciones. Aunque no siempre es obligatorio tramitar con ECAI, la mayoría de los 4.472 niños adoptados en el extranjero en 2006 (994 menos que en 2005, en parte por las restricciones impuestas por China) se asignaron a través de ellas. “El proyecto les exige una mayor transparencia y estoy convencido de que muchas enmiendas perseguirán aún un mayor control”, reconoció el diputado socialista Mario Bedera, ponente de la ley.

CiU justificó la retirada de su enmienda a la totalidad al haber alcanzado su portavoz, Josep A. Duran i Lleida, un “principio de acuerdo” con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para salvaguardar las “competencias exclusivas” de Cataluña en materia de protección a la infancia. Además, CIU ha propuesto modificar y completar los artículos relativos al acogimiento, a fin de incluir también en él la tutela.